El presente libro tiene por objeto el estudio del procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas a partir del nuevo estatuto que le proporciona la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas. Si bien parece que la nueva ley atribuye a este procedimiento una posición cualificada, muchos son los indicadores que nos señalan que la regulación o su aplicación no es del todo satisfactoria. Por esta razón, se parte del análisis minucioso de su configuración actual para acabar proponiendo algunas soluciones de un alcance mucho más profundo sobre la manera de comprender el procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial. Una de las ideas en torno a las que se mueve el procedimiento es que la institución relativa a la responsabilidad patrimonial es netamente versátil, nota que, por extensión, acaba reflejándose en su procedimiento. Su diversa composición hace temblar los cimientos de su caracterización como especialidad del procedimiento común. No solo eso, sino que, unida a esta idea, se propone un cambio cultural en cuanto a la tramitación de los procedimientos administrativos complejos, como el que es objeto de estudio, potenciando la figura del órgano instructor desde el entendimiento de que una mejora en la tramitación hará mejor a la propia institución de la responsabilidad patrimonial.
