Legislación taurina

La llamada “hiperregulación” (esto es, que el Boletín Oficial del Estado y los de las Comunidades Autónomas suman ya cada año, aproximadamente, un millón de páginas) no ha dejado de afectar también a los toros. En las anteriores ediciones de esta Legislación Taurina solo figuraba una Ley (la 10/1991, sobre Potestades Administrativas en Espectáculos Taurinos), única que regía en la materia, si bien ya entonces acompañada por nada menos que seis Reglamentos taurinos (uno estatal y otros cinco de Comunidades Autónomas), todos reglando lo mismo y casi del mismo modo. Hoy, esta Tercera Edición no ha tenido más remedio que incorporar, además de las dichas normas actualizadas (las cuales, por supuesto, continúan constituyendo el núcleo de la obra), otras treinta y nueve leyes que, en mayor o menor medida, tratan sobre la Fiesta. Sí, 39 leyes (aunque, por fortuna, la mayoría solo interesan -y así se recogen- un par de artículos): a saber, de un lado (y principal), la Ley estatal 18/2013; de Regulación de la Tauromaquia como Patrimonio Cultural, la Ley balear de Regulación de las Corridas de Toros y la Ley riojana de Protección, Difusión y Promoción de la Tauromaquia; de otro lado (más tangencial), dieciocho leyes de protección de los animales, dieciséis de espectáculos públicos, una de emprendimiento y competitividad y otra de instalación, acceso y ejercicio de actividades. Por si fuera poco, incomprensible hubiera sido dejar fuera de este texto al menos una selección de los Fundamentos Jurídicos de las dos relevantísimas Sentencias del Tribunal Constitucional que, declarando nulos por inconstitucionales los más controvertidos artículos de la Ley de Protección de Animales de Cataluña y de la Ley reguladora de las Corridas en Baleares, han permitido la supervivencia de los toros en dichas Comunidades Autónomas y quién sabe si en España entera.
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